3 octubre 2022
abogado Luis Diez de Bonilla en su oficina

Proponen multas de hasta cien mil pesos si te hacen firmar renuncia anticipada, explica Luis Diez de Bonilla

La iniciativa de reforma a la legislación laboral que se analizará en la Cámara de Diputados busca facultar a los inspectores de trabajo para realizar visitas extraordinarias a las empresas donde se haya reportado la práctica de firmar una renuncia anticipada. Por ello, el abogado Luis Diez de Bonilla, especializado en derecho laboral, nos explica a grandes rasgos esta situación.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados analizará una iniciativa para sancionar a las empresas que les soliciten a los trabajadores una renuncia anticipada o la firma de un documento en blanco al ser contratados, con una multa que va de 12,027 hasta 182,818 pesos, sanción que podría multiplicarse por cada persona trabajadora afectada.

“Las renuncias anticipadas son una práctica recurrente en el mercado de trabajo en México. Estos documentos nacieron como una mala respuesta a malas prácticas legales, generando así un círculo vicioso. Sin embargo, con el paso de los años su uso se ha intensificado con otras intenciones. Por esta razón, con la finalidad de eliminar esta práctica, se propuso en la cámara de diputados que las renuncias en blanco sean sancionadas de la misma forma en que la Ley Federal del Trabajo (LFT) castiga la presentación de documentos y testigos falsos” explica el Luis Diez de Bonilla abogado.

Además de la multa, al sancionar con base en el artículo 1006 de la LFT esta práctica, los empleadores podrían recibir una pena de seis meses a cuatro años de prisión. Desafortunadamente, es una práctica recurrente de los patrones o de las empresas el obligar a los trabajadores a firmar documentos en blanco, con el fin de realizar posteriores despidos injustificados sin indemnizarlos, al grado de llegar a integrar dichos documentos en el expediente del empleado para usarlo en el momento que así lo decidan, afectando con ello sus derechos humanos.

Luis Diez de Bonilla parado en su oficina

Los esfuerzos legislativos para cerrarle la llave a esta mala práctica no son nuevos. En 1998, por ejemplo, se presentó un proyecto para que estos documentos tuvieran una validez únicamente al ser ratificados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al igual que los convenios o liquidaciones, presentados por escrito con una relación circunstanciada de los hechos que lo motivaron.

“La forma de esas renuncias se da en algunos casos en forma ilegal y hasta criminal, ya que no es una verdadera renuncia al trabajo, sino que se obtiene y se hace como condición para otorgar un empleo, la que es una renuncia en blanco que un patrón mañoso utilizará cuando quiera o le convenga despedir a un trabajador, sin que este realmente renuncie a su trabajo, sino que solo se vale del documento que le sacó en blanco al darle el empleo” comenta Luis Diez de Bonilla.

El poder judicial ha emitido diversos criterios para determinar en qué casos es válida o no una renuncia presentada en un juicio laboral por parte de los empleadores. Incluso en el 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia para que en los documentos donde hay una firma y una huella dactilar, solo baste comprobar la falsedad de uno de los dos elementos mediante pruebas de grafoscopia, dactiloscopia o documentoscopia, para que la carta de renuncia pierda valor probatorio.
“La ley federal del trabajo prevé al menos quince motivos de despido justificado, entre los que se encuentran: cometer hostigamiento o asistir en estado de ebriedad, entre otros. Pero fuera de estas causales, las empresas están obligadas a indemnizar a las personas que son separadas de sus puestos sin una razón justificada.” Explica Luis Diez de Bonilla.
La propuesta contempla también facultar a los inspectores de trabajo para que realicen visitas extraordinarias a las empresas para inhibir las prácticas de:
  • Alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia.
  • Exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral.
Ambas acciones serían declaradas en el artículo 48 BIS de la Ley Federal del Trabajo como improcedentes en un juicio laboral por despido injustificado.
“Además de esto, el proyecto también busca que las inspecciones extraordinarias se realicen en caso de que una persona trabajadora denuncie esta mala práctica ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet), o bien ante la propia dirección de inspecciones de la autoridad laboral federal o local.” Concluyó Luis Diez de Bonilla, socio de la firma de abogados Diez de Bonilla Kuri y Asociados S.C.
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