En la ciudad de México circulan 106 rutas de transporte público de las cuales no se tiene el número exacto sobre la cantidad de unidades en cada una de ellas, debido a que la mayoría de los vehículos no tiene un sistema de geolocalización, afirmó Pável Sosa, director de EcoUrbe ecological y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El especialista informó que por la falta de sistemas GPS en unidades de transporte público se complica la regulación de los vehículos y se incrementa en nivel de impunidad en caso de que cometan una falta como circular a exceso de velocidad o herir a peatones y pasajeros.

El Reglamento de Tránsito Metropolitano señala en su artículo 16 que los conductores deben cerciorarse de que su vehículo este provisto de dispositivos de geolocalización o de una tecnología similar.

En la práctica esto no ocurre, pues los únicos autobuses con mayor garantía de que tengan este sistema son los integrados en las rutas que han renovados sus vehículos, especialmente en los cinco nuevos corredores, quedan fuera los cerca de 28 mil microbuses que dan servicio en el DF sin tener un control directo sobre su operación, lo mismo ocurre con los 106 mil taxis de la ciudad.

El hecho de saber dónde están las unidades permitirá saber qué cobertura del servicio tienen para distribuirlo donde haga falta.

"De 206 mil taxis del DF pueden concentrarse en ciertas colonias del Centro, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo; pero entonces las delegaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Tlalpan se quedan sin una cobertura. Regular dónde se presta el servicio de transporte y qué tan accesible es, es un derecho humano", afirmó.

El sistema GPS también coadyuvará en materia de prevención de accidentes y para la sanción de todos los operadores de transporte que violen la ley. Sosa destacó que el Estado tiene que modificar sus reglamentos y adecuarse a los cambios tecnológicos porque si no lo hace el transporte público seguirá en la impunidad.

La adquisición de GPS para vehículos públicos debe ser en corresponsabilidad de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y los concesionarios, a quienes les costará cinco pesos diarios tener la tecnología.

Las autoridades, explicó el académico, ya cuentan con sistemas como el Centro de Control y Comando C2 y el C4i4, para monitorear a las unidades. En esa tarea también deben contribuir el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Seguridad Pública.

"La Setravi necesita migrar hacia una nueva gestión pública de gobierno, tiene que emigrar a herramientas tecnológicas que permitan administrar el transporte público, ese es el nuevo reto".