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Paciencia. Hay que tener paciencia... La frase rebota repetidamente entre los que esperan en las aceras de los hospitales públicos del gobierno capitalino y los accesos de los centros de salud locales. Allí esperan porque no hay más a dónde ir cuando ya agotaron las consultas con médicos de su colonia o en las farmacias de similares, donde pagan 20 pesos por la atención básica.

“Uno viene aquí cuando ya no le queda de otra”, dicen varios de los familiares de pacientes que esperan. Saben de propia mano, o les han contando, que la atención es mala, que nunca hay lo suficiente, que siempre hay que comprar algún medicamento o instrumento básico porque la gratuidad tiene su precio: un mal servicio para los más pobres, para los desempleados, subempleados y sus familias.

Ellos son los principales beneficiarios de los programas de atención del DF, concentrados sobre todo en la población no derechohabiente del IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud federal y el Seguro Popular. Son miles y los recursos apenas alcanzan, sobre todo por la trampa político administrativa en que se vio atrapado el gobierno local desde 1997.

Ese año, apenas unos meses antes de las primeras elecciones democráticas en la Ciudad de México, el gobierno federal realizó un proceso de transferencia de los servicios de salud hacia el ámbito local, que dejó en desventaja a la administración por venir.

Cuando Cuauhtémoc Cárdenas asumió como primer jefe de Gobierno del DF, se encontró con una población pobre excluida de la seguridad social y con servicios de salud deficientes y divididos: una parte de la responsabilidad correspondía al Departamento del Distrito Federal (DDF) y otra a la Secretaría de Salud federal, a través de los Servicios de Salud Pública capitalino. Había dos sistemas paralelos.

En 1997 se había firmado el covenio de descentralización de los servicios de salud en el país, incluido el DF. Entonces los Servicios de Salud Pública pasaron a la estructura administrativa local, con infraestructura, recursos, personal y sindicato, y quedaron bajo la coordinación —que no bajo las órdenes— de la Secretaría de Salud del DF cuando ésta se creó en 1998.

Hasta la fecha los Servicios de Salud Pública del DF se mantienen como un organismo público descentralizado, con un consejo directivo que incluye a autoridades federales y una parte de sus recursos que provienen de la Federación, lo que no ayuda mucho si se toma en cuanta que 90% del presupusto transferido por el gobierno federal corresponde al pago de salarios de los trabajadores federales.

Ahora al menos su operación ya está a cargo de la Secretaría de Salud del DF, lo que se logró en junio de 2007. Sin embargo, esta particular situación ha dificultado el avance en la cobertura y la calidad de los servicios de salud. Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana , especialista en el tema y autor del libro Salud. Deuda con los capitalinos, explica: “A los gobiernos de izquierda les les ha faltado creatividad para diseñar un orden jurídico y sanitario propio, capaz de intentar la satisfacción de las demandas en materia de salud, al margen de la vasta estructura federal asentada en la capital del país”.

Sin embargo, advierte que los esfuerzos para mejorar la atención sanitaria en el DF chocan con otros factores. Uno de ellos, el “armado instituticional” de los servicios de salud locales, el cual se debe a “la peculiar naturaleza político-administrativa del GDF”, pues hay que recordar la Ciudad de México no goza de toda la autonomía ni las atribuciones que el resto de los estados. Por eso algunas de sus responsabilidades pasan todavía por la aprobación federal, entre ellas, la contratación de deuda y uso de esos recursos.

Otros factores son “la demanda derivada de una ciudad económicamente heterogénea, con población flotante del área y grandes grupos en condición de pobreza”.

Todas esas condiciones económicas son el argumento más fuerte de los gobiernos de izquierda para mantener la gratuidad de servicios y medicamentos, como uno de los ejes principales de su política de salud.

Remontar la desigualdad

La dimensión real de la pobreza en el DF emergió hasta 1997. El gobierno de Cárdenas no dejó de hacer énfasis en los rezagos las desigualdades sociales, herencia de las regencias priístas del pasado, responsables de la administración pública local.

El cálculo oficial ubicó en condiciones de alta y muy alta marginalidad a poco más de una tercera parte de los hogares del Distrito Federal (38%). La mayoría, por cierto, sin servicios de seguridad social y cobertura de salud. Una paradoja si se considera que la red médica ocupa el cuarto lugar en el país, sólo superada por IMSS, Secretaría de Salud federal e ISSSTE.

Absorbidos en el esfurzo de reorganización de la administración capitalina, ni Cárdenas ni Rosario Robles pudieron hacer mucho en materia de salud a nivel estructural, de acuerdo con Gustavo Leal.

“No corregir a tiempo —durante el proceso de desincorporación y su posterior descentralización— el desequilibrio en la asignación presupuestal entre la Secretaría de Salud del GDF y los Servicios de Salud Pública del DF —derivado de esa descentralización federal—, se tradujo en que el primer nivel de atención continuara con rezagos seculares que siguen afectando su disponibilidad. Buena parte de los problemas que pesan sobre la red de atención, derivan de su origen”.

Una las acciones que descató el gobierno de Cárdenas fue el establecimiento, en 1998, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Influenza y el arranque de las acciones permanentes de vigilancia de las enfermedades evitables por vacunación.

Robles, por su parte, empujó la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, que dispuso promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los capitalinos en particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura.

También promovió las reformas al Código Penal local que ampliaron las causales para permitir la interrupción del embarazo. Arrancó la política de atención local al VIH sida, con la apertura de la Clínica Especializada Condesa para pacientes sin seguridad social, con un servicio gratuito.

La gratuidad, como política

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador detonó los recursos para la salud y su infraestructura y puso en marcha uno de sus ejes fundamentales: la gratuidad de los servicios médicos y medicinas para la población abierta, sin seguridad social.

Las autoridades contaban entonces con al menos 3.5 millones de capitalinos excluidos de la atención pública. Había que destinar recursos para revertir esta situación. Así, por cada peso que la Federación gastaba en la salud de los capitalinos, el gobierno local invirtió dos y sólo en 2001, en su primero año de administración, aumentó 62.3% el presupuesto destinado a este rubro, en relación con 2000.

A la Secretaría de Salud capitalina se le asignó la responsabilidad de llevar a buen puerto uno de los programas insignia de López Obrador: la pensión universal para adultos mayores, que enfrentó la oposición de PAN y PRI en el DF y de las autoridades federales que criticaron el costo de la acción.

Los adultos mayores tuvieron además todos los beneficios de la gratuidad en los servicios en el DF, y su impacto político fue inmediato. Tanto, que López Obrador rechazó el Seguro Popular del gobierno de Vicente Fox y en 2005, finalmente accedió.

Pero hubo un problema, al firmar el Acuerdo de Coordinación para aplica el Seguro Popular, aceptó absorber el costo de quienes no pudieran pagar las cuotas de recuperación de este sistema. El resultado: creció la demanda, pero no los recursos, y el programa federal se convirtió en una carga económica y administrativa para el DF.

Al asumir el Seguro Popular, el personal médico de todos los niveles se vio rebasado y comenzaron las protestas de los trabajadores sindicales. Al cabo de 2006 el gobierno del DF logró atender a 439 mil 997 personas mediante el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos. Para el cierre de 2012, el número de beneficiarios se incrementó a 943 mil 207 personas al cierre de 2011, ahora dentro de la “Red Ángel Programa de Atención Médica y Entrega de Medicamentos Gratuitos a Domicilio”, que puso en marcha la administración de Marcelo Ebrard.

También ha fortalecido la renovación de la infraestrctura en salud y la construcción de nuevos hospitales, como el “Emiliano Zapata” en Iztapalapa, la clínica de especialidades de la mujer “Martha Lamas”, la clínica de urología pediátrica en Tacubaya y abrió 10 consultorios en estaciones del Metro.

Su admnistración impulsó una gama de derechos relacionados con la salud, como la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y la ley de voluntad anticipada que permite a los enfermos terminales acceder a una muerte digna.

Estas normas han colocado al DF a la vanguardia en materia de derechos relacionados con la salud, pero también ha aumentado la presión sobre sus servicios, por la demanda de habitantes de otras entidades del país.

El mismo Ebrard ha advertido que la próxima adminitración tendrá en los servicios de salud uno de sus más importantes retos.

Y no obstante lo anterior, Gustavo Leal considera que la gestión de Ebrard ha evidenciado que las administraciones perredistas han carecido de las propuestas a la altura del tamaño, importancia y peso de la entidad. Considera que: Ebrard adoptó “las estrategias de subrogación de servicios, las alianzas público-privadas y el franco apoyo a la inversión privada como pivote del financiamiento para la expansión de la infraestructura”.

Sin embargo Rafael Cervantes, miembro del Comité Nacional del Colegio Médico de México defiende: “El sistema de salud del GDF es el último baluarte en la lucha que hemos emprendido contra la privatización de la salud en México”.

Dice: “Los servicios médicos del GDF y sus programas han demostrado que pueden atender a los 5 millones de capitalinos que carecen de seguridad social. En 15 años ha creado una red de 289 unidades de consulta externa y 33 hospitales. Con 6 mil 400 médicos, estos servicios ofrecen 5 millones de atenciones por año, lo que evidencia alta productividad”.

Los beneficiarios aprecian contar con una opción, pero lamentan la mala atención que persiste. “Nos tratan como animales”, le reclamaron un día a Marcelo Ebrard. Para los más pobres de esta ciudad la salud no es un derecho, sino un lujo que, a falta de dinero, se paga con paciencia.