La Procuraduría capitalina consignó a ocho personas —seis adultos y dos adolescentes—, a consecuencia de los hechos violentos del sábado pasado en las inmediaciones del metro Chabacano, donde tres jóvenes, al parecer aficionados al reggaetón, fueron lesionados a golpes.

Siete de los procesados son acusados de robo agravado en pandilla, delito considerado grave, mientras que uno de los menores de 18 años se le acusa de lesiones segundas.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Jesús Rodríguez Almeida, mencionó que sigue abierta la averiguación previa para la investigación de otros probables responsables que aparecen en el video difundido por la policía capitalina en que varios jóvenes golpean a uno solo, pues no todos los detenidos aparecen en las imágenes.

De acuerdo con fuentes de la PGJDF y con líderes de los reggaetoneros, entre los detenidos sólo uno ha sido identificado como aficionado al reggaetón y el resto son reconocidos como porros.

Los reggaetoneros califican las agresiones en su contra como una persecución de los porros, que los han estigmatizado.

De acuerdo con algunos asistentes a la reunión en el metro Chabacano, al parecer los porros acudieron a varias estaciones del metro donde se reúnen otros grupos.

Ese sábado, comentaron, los agresores fueron a la estación Jamaica, para golpear a los jóvenes pertenecientes al grupo Danoninos Famous Nice, posteriormente se dirigieron a Garibaldi con Los Sikarios y por último a Chabacano, donde se juntan Estilo y Clase. Afirmaron que los porros llegaron con armas y bombas.

El ombudsman capitalino Luis González Placencia dijo que desde hace un tiempo en las redes se ha venido dando un fenómeno de estigmatización y violencia virtual contras los aficionados al reggaetón.

Mencionó que hasta el momento la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no cuenta con elementos para afirmar que hay una persecución contra estos jóvenes, pero “si ellos lo dicen es digno de tomarse en cuenta”.

Expresó que la CDHDF no tiene claridad sobre el origen de este grupo de porros, pero manifestó su preocupación por la problemática de identificar a un grupo con identidades específicas y que en razón de éstas entren en conflicto.

En este punto opina que el tema sí interpela de manera directa a la autoridad, “sobre todo cuando esos conflictos se manifiestan desde el espacio público y tienen el riesgo de pasar de las amenazas o de las acciones virtuales a las acciones reales”.

La obligación de la autoridad es evitar que las amenazas en contra de grupos se lleve de las redes sociales a las calles.

Insistió en que la autoridad tiene la obligación de generar las condiciones necesarias para evitar que los grupos de jóvenes se enfrenten por esas razones y otras. “El tema es la prevención de la violencia, que es obligación de la autoridad de la ciudad de México realizar”, agregó.