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En medio de denuncias de sobreprecios, obras con retraso y cambios de proyectos para invertir el presupuesto participativo, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF) auditará el 3% del dinero que se etiquetó a los gobiernos delegacionales en 2011.

Leonel Luna, presidente de la Comisión de Vigilancia de la CMHALDF, explicó que por primera vez se revisará el tema de cómo se invirtieron los 706 millones destinados para cumplir con el presupuesto participativo donde los ciudadanos decidieron los proyectos a realizar por cada colonia y delegación.

Sostuvo que la fiscalización de los recursos está basada en lo que establece la propia Ley de Participación Ciudadana, en un artículo transitorio, que faculta a la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF para supervisar ese dinero etiquetado.

“Es auditar desde cómo se han generado los procedimientos de asignación desde la Asamblea Legislativa, pasando por la definición de la aplicación de presupuesto en las asambleas ciudadanas, hasta la entrega misma de la obra por parte del gobierno delegacional”, detalló el legislador perredista.

La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del órgano legislativo, Lizbeth Rosas, comentó que en un reporte entregado a la Contraloría General del Distrito Federal, en abril pasado, se detectó que de 59 expedientes de obra, 32 registraron atrasos, 27 están terminados y 17 tuvieron sobreprecios.

También en ese reporte se indica que tras la visita física a diferentes frentes de obra, 223 estaban concluidos, 110 parcialmente y en 10 casos no se iniciaron los trabajos.

Lizbeth Rosas recordó que pidieron a la Contraloría General del DF para que envíe un informe sobre los avances de la investigación ante la detección de estas irregularidades en las 16 delegaciones. “Se tiene que dar este informe para que se finquen las responsabilidades”.

La diputada local dijo que se pidió a la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF que practique la auditoría que la ley establece ante las quejas vecinales que han llegado a la comisión que preside.

“La Comisión puso ese candado para evitar el uso discrecional de los recursos”, mencionó.

Urgió a las instancias de gobierno central a dar respuesta a estas denuncias, toda vez que los actuales jefes delegacionales están en la recta finales de sus gestiones. El cargo lo dejan el próximo 30 de septiembre. “De no dar una respuesta, estaríamos cerrando mal con este ejercicio que llevo mucho trabajo en el Distrito Federal”, evaluó.