La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) solicitará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF (Seduvi) toda la información relacionada con el proceso de consulta pública que emprendió para la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) de Santa Fe.

“Solicitaremos toda la información, las diligencias que se tuvieron que hacer y si se cumplieron los plazos y cómo se dio la consulta pública”, informó el titular de la PAOT, Miguel Ángel Cancino.

Lo anterior, luego de que los vecinos de Santa Fe iniciaron una denuncia en esa dependencia argumentando incumplimientos de plazo para la realización de la consulta pública.

La denuncia se inició el 7 de marzo pasado y la Seduvi tiene plazo para responder y otorgar toda al información solicitada hasta el 25 de abril.

Posteriormente la PAOT realizará el análisis del caso y hará las recomendaciones pertinentes, en caso de encontrar fallas en el proceso.

Gerardo Ocampo, presidente del Centro para el Desarrollo Urbano de Santa Fe, explicó que durante los talleres de participación ciudadana y las sesiones de consulta pública del proyecto PPDU de Santa Fe, los vecinos manifestaron su desacuerdo. Además, dijo, sólo se contó con cinco días para su estudio y la formulación de propuestas.

La convocatoria se publicó el 28 de noviembre en la Gaceta Oficial del DF y ese mismo día se inició, sin que los ciudadanos contaran con el proyecto escrito hasta el 2 de diciembre, en que a petición nuestra se subió al portal de Seduvi.

Argumentó que según el artículo 8 fracción 5 de la Ley de Desarrollo Urbano del DF, establece que “la consulta pública (de los PPDU) se realizará en el plazo que se determine en el aviso de inicio de la misma, que no será menor de 30 días ni mayor de 60 días”, con lo que no se cumplió.

Además habitantes de Santa Fe emprenderán acciones legales para impedir que entre en vigor el recién aprobado Programa Parcial, argumentaron que con la aprobación del documento se violaron derechos constitucionales y diversas leyes locales y federales, por lo que solicitarán la intervención de juzgados federales para que emitan un amparo contra el programa.

También acudirán a las comisiones Nacional de Derechos Humanos y a la del Distrito Federal.

“Los diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, principalmente los integrantes de la Comisión de Infraestructura Urbana, violaron el artículo 8 constitucional, relacionado al derecho de petición que tienen los ciudadanos a solicitar a los funcionarios públicos”, acusaron.