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Manifestaciones de locatarios, descalificaciones, amparos interpuestos por tiendas de autoservicio, además de enfrentamientos entre diputados locales, trajo consigo la aprobación de la llamada Norma 29.

En abril, el Gobierno del Distrito Federal presentó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa para prohibir la apertura de tiendas de autoservicio en centros de barrio y con ello proteger a los 318 mercados públicos que hay.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que por cada minisuper, entre 30 ó 40 microempresas, como papelerías, panaderías y tortillerías cerraban. Mientras, locatarios aseguraron que con la proliferación de las llamadas “bodeguitas” sus ventas cayeron hasta en un 60%.

Representantes de los mercados de las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Benito Juárez, Xochimilco, Coyoacán y Álvaro Obregón aseguraron que la nueva norma no daba solución a los problemas que desde hace años enfrentan los mercados, como falta de estacionamientos y claridad en el destino y uso de recursos.

El 20 de mayo, en medio de un ambiente dividido por los distintos sectores involucrados, la Norma 29 fue publicada en la Gaceta Oficial del DF.

La iniciativa fue calificada por algunos representantes de mercados como un “paliativo” y una medida insuficiente para “blindarlos”.

“Ola de amparos”

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó desde un inicio su rechazo a la Norma 29, bajo el argumento de que afectaría a los consumidores por falta de opciones de compra, además aseguró que la caída en las ventas en mercados se debía a la carencia de estacionamientos, higiene y diversidad de productos.

Al rechazo se unió la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), que en un comunicado calificó a la iniciativa de “nociva” para la competencia, además de ir en contra del interés y bienestar de los consumidores.

En tanto, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), calificó la norma de inconstitucional y “populista”, además vaticinó una “ola de amparos” por parte de las tiendas.

La ANTAD y el CCE advirtieron que la medida provocaría alza en los precios de los productos, inhibiría la inversión y la creación de empleos.

Incluso la ANTAD estimó que la aplicación de la Norma significará que en la ciudad se dejaran de invertir aproximadamente 500 millones de dólares que estaban previstos para 2011, además de que no se instalarían 350 tiendas, lo que implicaría la pérdida de entre 8 mil y 10 mil empleos.

La consejera Jurídica, Leticia Bonifaz respondió a las declaraciones de los empresarios con una invitación a conocer los mapas de cada delegación para ubicar los puntos en que podían establecer sus tiendas.

A finales de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada al recurso de inconstitucionalidad promovido por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la Norma 29. Entonces el número de amparos llegó a 18 y los pusieron papeleras, tiendas de abarrotes y una empresa inmobiliaria.

El caso más reciente se dio a conocer en los primeros días de diciembre cuando el juez cuarto de distrito en materia administrativa sobreseyó el recurso de amparo que la cadena comercial Costco de México promovió en contra de la Norma 29.

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales informó que con esta acción ya sumaban once resoluciones —de los 18 amparos interpuestos— que han determinado diferentes jueces de distrito en el mismo sentido.