Ubican a quien avaló gasolineras riesgosas
(Foto: Archivo/El Universal)
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Al menos ocho de los 12 permisos que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente del DF (SMA) para la instalación de gasolineras ubicadas a distancias menores a las reglamentarias de sitios de concentración masiva, fueron entregados entre 2008 y 2009 por el entonces director de Regulación Ambiental de la dependencia, Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza, quien renunció a su cargo a mediados de 2010.
El actual director general de Regulación Ambiental, Bernardo Lesser, era subordinado de Nyssen en 2008.
Nyssen dejó su puesto en medio de críticas por haber trabajado antes como directivo de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, empresa que realizó el estudio de impacto ambiental de la Supervía, que la dirección a su cargo en la SMA aprobó días después a su renuncia.
Ahora, en la recomendación emitida al gobierno del DF por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), se indica que durante su encargo fueron expedidas ocho de las 12 autorizaciones en materia de impacto ambiental y riesgo a gasolineras señaladas como peligrosas por estar instaladas a menos de 50 metros de viviendas y a menos de 100 metros de sitios públicos.
Alejandro Nyssen autorizó la construcción y operación de las siguientes gasolineras en 2008: Gas Padilla, en Azcapotzalco; México Ajusco 1, Operadora Santa Elena, El Tlalpense y Gran Sur, en Tlalpan; Tulyehualco y Mallorca, en Xochimilco; y en 2009, la Ramón Alonso Camba, en Benito Juárez.
La PAOT señaló que además de no cumplir con las distancias reglamentarias, se otorgaron permisos en las delegaciones Tlalpan y Benito Juárez, en donde el número de gasolineras permitidas ya estaba rebasado.
Incongruencias ambientales
Además, la PAOT, en su recomendación 01/2011, cuestiona las incongruencias entre la política ambiental y las autorizaciones para más gasolineras.
“La construcción de nuevas estaciones de servicio de gasolina y gas LP, lejos de alentar el uso de transporte público incentiva el uso de vehículos particulares”, señala el documento firmado por la entonces procuradora, Diana Ponce.
También critica que la SMA se “brinque” la normatividad y considere que colocar barreras reducirán el impacto y riesgos.
“En el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo no se encuentra disposición alguna que determine que la autoridad evaluadora podrá modificar discrecionalmente lo planteado en alguno de los artículos”, destaca el documento de la PAOT.
