Hoy se efectuará la última audiencia del proceso por corrupción de menores en contra de Alfredo Maya, propietario de la discoteca New´s Divine, a partir de la cual se podría emitir una sentencia definitiva que sería la cuarta por los hechos ocurridos el 20 de junio de 2008, donde murieron 12 personas y otras 20 resultaron heridas.

A cuatro años del fallido operativo policiaco, en un local de la colonia Nueva Atzacoalco, delegación Gustavo A. Madero, sólo se han emitido tres sentencias que por amparos y revocaciones de jueces federales, principalmente, las penas han sido modificadas y los culpables han salido bajo fianza o quedaron absueltos.

De los 35 procesados por esos hechos, sólo uno está preso (Alfredo Maya, el dueño de la disco); 31 están aún bajo proceso pero en libertad, mientras que otros tres ya fueron sentenciados y alcanzaron libertad.

Entre las sentencias pendientes está la de Guillermo Zayas, entonces director de la desaparecida Unipol (Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal) en Gustavo A. Madero y encargado del operativo.

Ayer, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, informó que la Comisión de Ética —formada por magistrados e invitados representantes de instituciones de educación superior y organismos de derechos humanos— dictaminó que tanto el juez Prudencio Jorge González Tenorio, así como el magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien conoció en principio el caso, se han apegado a la legalidad en el proceso, protegiendo los derechos de las partes y respetando las garantías de la defensa de los procesados, ante los cuestionamientos de que “ya se tardaron”.

Sin embargo, exhortó al juez encargado del caso a adoptar una conducta proactiva para una pronta resolución con apego a la ley y a los principios que marca el Código de Ética.

Elías Azar mencionó la importancia de atender sin dilación los derechos de las personas que murieron en su mayoría asfixiados en la discoteca New´s Divine al tratar de salir, pero reconoció que la defensa de los procesados ha alargado plazos de los juicios, para ofertar y desahogar pruebas, e intentar impugnaciones ordinarias y extraordinarias previstas en la ley y en la Constitución.

Libres, los sentenciados

Las primeras dos sentencias se emitieron el 10 de mayo de 2010. Una, en contra de Ángel Nava Rojas, entonces subdirector Jurídico de la delegación Gustavo A. Madero, por el delito de negación del servicio público; y la otra, contra Francisco Javier Casiano Guerrero, médico legista, por el delito de abuso de autoridad, luego de que se le acusó de desnudar a las jóvenes para revisarlas y elaborar sus fichas sinalépticas.

Según información del TSJDF, en el primero de los casos la sentencia original fue de cinco años de prisión, la destitución del cargo e inhabilitación por seis años y seis meses del ex funcionario; luego de apelar a la Tercera Sala Penal, la resolución modificó la pena e impuso cuatro años de prisión e inhabilitación de cuatro meses 20 días, con lo cual alcanzó fianza (que se atribuye a condenas menores a cinco años) y quedó en libertad.

La segunda sentencia, contra el médico legista, fue de nueve años de cárcel, multa de 800 días de salario mínimo, destitución del cargo e inhabilitación por 19 años; sin embargo, un amparo también ante la Tercera Sala, bajó el grado de culpabilidad e impuso cuatro años de prisión, destitución e inhabilitación por 12 años. Quedó en libertad bajo fianza.

La tercera sentencia fue dictaminada el 11 de abril de 2011 en contra de Alejandro Sánchez Duarte, agente del Ministerio Público en Gustavo A. Madero, por el delito contra el adecuado desarrollo de la justicia, con pena de tres años de prisión, 125 días de multa, destitución del cargo e inhabilitación por seis años.

Tras un juicio de amparo, los magistrados de la cuarta Sala Penal revocaron la sentencia y ordenaron la absolución del funcionario.

Exigen justicia

Familiares de las víctimas del New’s Divine manifestaron su frustración al considerar que no han atendido su petición de que se haga justicia.

“¡No sé cuántos aniversarios tengan que pasar para que se nos haga justicia!”, dice Hilda Barragán, madre de Isis Gabriela Tapia, quien murió asfixiada, luego que la policía taponeó la salida de jóvenes que desde el interior eran expulsados.