La autorización de empresas privadas para auxiliar a la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino en el cobro y recaudación de impuestos se hace, por lo menos, desde hace dos años. En 2010, bajo la dirección de Mario Delgado, la dependencia emitió resoluciones para autorizar al menos a cinco empresas, la mayoría de abogados, para esas labores.

Se trata de las firmas Arroyo & Pérez, Abogados S.C., Inprax de México, S.A. de C.V. y Junquera Sepúlveda, Bugeda y Damián, S.C. publicadas en la Gaceta Oficial el 5 de abril. El 12 de mayo se autorizó a Schelli, S.A. de C.V. y a PDEA, Abogados S.C., según la página de Transparencia de la dependencia.

Ayer, EL UNIVERSAL publicó que el 3 de julio pasado el gobierno local autorizó a las empresas Inmobiliaria Reyes Esparza S.A. de C.V. y Soluciones de Planeación Empresarial S.C. de R.L. de C.V. para ser auxiliares de la Tesorería y, como en los casos anteriores, no hubo licitación pública de por medio para su designación.

Desde la semana pasada se solicitó a la Tesorería un listado de las empresas autorizadas en la actual administración, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

También se pidió información a las dos empresas mencionadas en la Gaceta del 3 de julio sobre los servicios que le brindarán a la dependencia, pero el resultado ha sido nulo.

Empresas ayudan con agua

Desde 1996 la iniciativa privada ha participado como auxiliar del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) en la instalación de medidores, en la facturación y cobro de derecho de agua en el DF.

Actualmente, cuatro empresas continúan con la concesión del servicio, otorgada por el entonces Departamento del DF. Ésta fue renovada en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard, con al menos tres prórrogas; la última vence en junio del 2014.

Cada empresa cuenta, como socia, con firmas de Francia y Gran Bretaña. Son: Proactiva Medio Ambiente SAPSA, Industriales del Agua de la Ciudad de México, Tecnología y Servicios de Agua y Agua de México.

Ramón Aguirre, titular del SACM, dijo que la prórroga incluyó nuevos requerimientos para eficientar el cobro de derechos, como actualizar el padrón de usuarios y auxiliar en la emisión de boletas y pago directo de derechos.

Aclaró que más que concesionarias, son sociedades mercantiles que prestan un servicio que, “por cuestión burocrática”, es mejor que el del gobierno.

Según el documento de “Evaluación Externa del Diseño e Implementación de la Política de Acceso al Agua Potable” de 2010, realizado por el Programa Universitario de la Ciudad de México, la firma de contrato con las empresas —el 18 de septiembre de 2008— tiene un saldo negativo de la prestación de servicios.

Explica que “debido a que el modelo bajo el cual se había venido trabajando no contenía criterios que permitieran medir la eficiencia en el control, suministro de agua y eliminación de fugas, aunado a que carecía de incentivos en estos rubros que fomentaran y promovieran la eficiencia en el manejo del líquido a plena satisfacción de la ciudadanía”.