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A lo largo de tres cuadras de la calle Martín Mendalde, en la colonia Del Valle, se construyen al menos cuatro edificios de departamentos y casas de lujo. Se trata de una de las zonas de la ciudad catalogada como de mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo, es el lastre de los vecinos de la delegación Benito Juárez.

Habitantes de distintas colonias coincidieron en que la construcción de vivienda desmedida -y que algunos acusan de ilegal-, tuvo su “boom” a partir de los gobierno del Partido Acción Nacional. Dijeron que la construcción de estos edificios les ha afectado en el suministro de agua potable, recolección de basura, tráfico, ruido e inseguridad.

Su inconformidad los ha llevado a hacer manifestaciones, bloquear la entrada de maquinaria a las obras, ser golpeados por granaderos y que las obras se pongan al resguardo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Es el caso del complejo construído en la calle Millet, número 39, que hoy está bajo el resguardo de esta dependencia y con vigilancia policiaca las 24 horas del día, para evitar la violación de los sellos de suspensión.

Los vecinos acusan que el jefe delegacional, Mario Palacios, no se ha presentado para darles la información requerida.

Acusan a delegados

Héctor Rojas, uno de los representantes vecinales más activos contra obras ilegales en esta delegación, aseguró que la construcción “desmedida” de desarrollos inmobiliarios se generó desde la administración de Fabdala Akabani.

Sin embargo, acusó que “el abuso descarado” llegó con Germán de la Garza y Mario Palacios.

Desde entonces, dijo, el otorgamiento de permisos para esta actividad “se hace en forma ilegal, con delitos ambientales, con tala y sin respeto de áreas libres ni del número de pisos permitidos, hay violación del uso de suelo. Todo eso genera un desarrollo urbano que no es armonioso”.

Agregó que entre las consecuencias inmediatas está la falta de servicios como recolección de basura, suministro de agua y “un tráfico descomunal en callecitas”.

Lo peor, agregó, es que “el vecino va inmediatamente a la jefatura delegacional, pero sólo le contestan con largas o con silencios cómplices que en nada benefician a la poblemática real”.

Aunque reconció que no tiene pruebas, acusó de la existencia de “una muy fuerte asociación entre el desarrollador inmobiliaroo fraudulento y la delegación Benito Juárez”. El problema de las construcciones ilegales en esta demarcación es tal, que los candidatos a jefes delegacionales de otros partidos ofrecen su solución inmediata entre principales promesas de campaña.

En un recorrido por la delegación, se observó que el “boom” inmobiliario también ha generado la existencia de rentas de nueve mil pesos mensuales hacia arriba, y la venta en al menos dos millones de pesos.