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El gobierno capitalino dará a conocer un protocolo de atención para servidores públicos víctimas de acoso sexual que incluirá un código de ética obligatorio para todas las dependencias del Distrito Federal.

Hace un año, con las reformas al Código Penal, el acoso sexual quedó tipificado como delito que se sigue por querella. Es de realización oculta y la víctima difícilmente se anima a reportarlo.

“Desgraciadamente no toda la gente que sufre esto lo denuncia”, afirma María de los Ángeles Haces, directora de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría.

Al inicio, muchos de los afectados no quieren denunciar, pero después de un proceso terapéutico se sienten preparados para hacerlo.

“Ante los casos de acoso se contaba con procedimientos de atención desarticulados, no había un mecanismo homogéneo que permitiera el acceso de justicia para las víctimas”, reconoce Beatriz Santamaría, directora de Fomento y Concertación de Acciones del Instituto de las Mujeres.

La idea, afirma Haces Velasco, es ofrecer todos los servicios a las víctimas, “sensibilizar, que reconozcan las alternativas que tiene y que tomen una decisión. El acoso sexual se acentúa entre las mujeres pero ellos, en menor medida, también son víctimas.

Este delito está vinculado a una situación jerárquica.

Guadalupe Cabrera, cuarta visitadora de la CDHDF, señala que se trata de aquellas conductas reiteradas que afectan la intimidad, la dignidad de una persona, “tiene como componente una especie de ejercicio de poder”.

En este sentido, considera que el protocolo permitirá frenar las agresiones.