La Ciudad de México contaría con una nueva regulación habitacional, de aprobarse el dictamen de la Ley de Vivienda del Distrito Federal;  el plan nuevo incluye una visión de derechos humanos, informó Ana Estela Aguirre y Juárez, diputada del PT en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

La presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa consideró que esta nueva ley corresponde a la realidad actual de la ciudad de México, porque la anterior tiene 12 años de vigencia y ya está rebasada.

Este dictamen, el cual será votado en el pleno de la ALDF en los próximos días, plantea que el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del DF (Fidere), encargado de captar los recursos de los créditos otorgados, forme parte del Instituto de Vivienda (InviDF).

De ahí, que el instituto sería el responsable de recuperar su cartera vencida, ya no el Fidere, a fin de sumar esos recursos al presupuesto que recibe y canalizarlo a la construcción.

De las ventajas de esta propuesta, agregó Aguirre y Juárez, es la optimización de trámites relacionados a la adjudicación de los créditos que otorga, así como se transparentará la información del Invi.

Otra de las características es que se incluyeron nuevos conceptos de vivienda dirigidos a grupos vulnerables como indígenas, mujeres, jóvenes y adultos mayores, con énfasis en la producción social de vivienda y participación ciudadana.

Con la legislación del 2000, la intervención de la iniciativa privada, cada vez más notoria en las viviendas de interés social, no estaba regulada, no obstante queda plasmada la participación de este sector en la construcción de casas de interés social y popular.

Aseguró que esta ley no es la panacea, sin embargo trataron de adecuarse a las circunstancias actuales.

“Tratamos de que esta ley sea lo más equilibrada posible, que no favorezca a unos o a otros, que no excluya a nadie, y que la ley pueda acoger a todos los protagonistas e involucrados en la construcción de vivienda”, concluyó.

eam